Hidroeléctrica Puebla 1 fractura a las poblaciones de la Sierra Norte de Puebla
Portada, Puebla

Hidroeléctrica Puebla 1 fractura a las poblaciones de la Sierra Norte de Puebla

| Redacción |

El Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 (PHP1), de la empresa Deselec 1 del grupo Comexhidro, divide a los pobladores de la Sierra Norte de Puebla entre quienes apoyan y quienes rechazan una construcción que afectará a las comunidades totonacas de San Mateo Tlacotepec, Altica y San Felipe Tepatlán, de los municipios Ahuacatlán y de San Felipe Tepatlán.

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La mañana de este jueves el Consejo Tiyat Tlali, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec) y Fundar, Centro de Análisis e investigación, denunciaron en la Ciudad de México que han aumentado las descalificaciones, la criminalización y el hostigamiento contra los representantes comunitarios de San Mateo Tlacotepec, Altica y San Felipe Tepatlán que se oponen al Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1. Las tres organizaciones acompañan jurídicamente a las comunidades totonacas de la Sierra Norte de Puebla.

En rueda de prensa realizada en la ciudad de México alertaron de la creciente hostilidad contra los Comités de Defensa del Río Ajajalpan, así como contra de las organizaciones y defensoras que acompañan el caso.

El pasado 10 de octubre un juez negó a las comunidades demandantes el reconocimiento de sus derechos, al avalar una consulta simulada, e ignorar los impactos ambientales que dicho proyecto tendrá sobre sus tierras, y su medio de vida, los incidentes han incrementado, afirmaron.

Las comunidades han denunciado también la generación de un ambiente de tensión y desconfianza que busca dividir a las comunidades para dar paso a la construcción del proyecto al que las comunidades ya habían denunciado la criminalización por la resistencia y defensa contra el proyecto.

Fundar, Consejo Tiyat Tlali e Imdec demandaron al Estado que garantice la protección de quienes defienden los derechos humanos y ambientales, ante el preocupante clima de riesgo por realizar su labor. Afirmaron que Michel Forst, relator especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos, estuvo en México en enero de 2017 y en su informe resaltó que “más de dos terceras partes de las agresiones registradas [por proyectos a gran escala se habían perpetrado en los estados de México, Sonora, Oaxaca, Puebla, Colima y Campeche”.

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Ante las agresiones a defensores de derechos humanos y en particular defensoras del medio ambiente en México, que se oponen a megaproyectos, “resulta de gran de preocupación la escalada de incidentes en contra de integrantes de las organizaciones que acompañan el proceso y contra las personas defensoras de las comunidades (…) siendo en los proyectos hidroeléctricos uno de los principales contextos de los ataques”.

Fundar, el Consejo Tiyat Tlali e Imdec, acompañadas de Amnistía Internacional México, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Artículo 19, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Oxfam México, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), Poder, Servicios y Asesoría para la Paz, y el Centro de Estudios Ecuménicos hicieron en la Ciudad de México “un enérgico llamado al Estado mexicano, a nivel local y federal a garantizar la protección de las personas defensoras tanto de las organizaciones acompañantes, como de las comunidades”.

Por la noche, en un comunicado de prensa representantes legales de habitantes de San Felipe Tepatlán, Xochimilco, Xochicugtla, Altica, Emiliano Zapata, Zoquiapa y Cuatepalcatla rechazaron las acusaciones que “Fundar y el Consejo Tiyat Tlali, organizaciones que no pertenecen a nuestras comunidades, hacen de forma irresponsable sobre nuestros compañeros” y “se adjudican una representación que solamente les ha dado una minoría de nuestra comunidad”.

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Afirman que “ratificamos nuestro apoyo al Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 ya que durante 18 meses participamos en un proceso llevado por autoridades de distintos niveles de gobierno en el que realizaron una Consulta Previa, Libre e Informada. Misma que como señaló la sentencia 598/2016 del Juez Miguel Arroyo Herrera, cumplió conforme al convenio 169 de la OIT, la legislación mexicana y de acuerdo con la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Adjuntan una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador en la que aseguran que ya dieron su consentimiento para la construcción de la hidroeléctrica y afirman que es falso que Fundar y el Consejo Tiyat Tlali representen a toda la población indígena involucrada en la decisión de si se construye o no el proyecto.

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30 octubre, 2019

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