Gobierno de Gali Fayad simuló competencia entre contratistas
Dato Político, Portada, Puebla

Gobierno de Gali Fayad simuló competencia entre contratistas

| Lucero Hernández |

Tenía como objetivo garantizar la inclusión de personas con discapacidad, niños indígenas o hijos de migrantes, es el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa cuyos recursos asigna el Gobierno Federal a los estados, pero que en Puebla fue utilizado de manera irregular y sin ninguna supervisión al permitir contratos con docentes “fantasma”, engañar con convocatorias ficticias y privilegiar a un grupo de contratistas. 

El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis) en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP) manejan el programa y designan los recursos a los estados como es el caso de Puebla, que durante el año 2018,  le fueron otorgados 14.6 millones de pesos. 

El Informe 113-DS de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sobre el ejercicio fiscal 2018 del gobierno poblano, advierte de un manejo irregular del presupuesto federal que concluyó en dos Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y dos Pliegos de Observaciones que señalan un daño al erario federal de 6.6 millones de pesos. 

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Confabulan contratistas para beneficiarse

Para aplicar el Programa, la SEP en Puebla gestionó 32 procedimientos de adjudicación, de los cuales 13 correspondieron a adjudicaciones directas y 19 a invitaciones a cuando menos tres personas, sin que en ningún caso se acreditarán investigaciones de mercado que permitiera conocer la calidad y el precio de los bienes o servicios a adquirir, hecho que la dependencia calificó como “error de carácter administrativo”.

Aunque la SEP, que en el año de revisión estuvieron a cargo de Patricia Vázquez del Mercado y posteriormente de Ignacio Alvízar Linares, durante el gobierno de Antonio Gali Fayad, justificó que la selección de contratistas se dio tras revisar el Padrón de Proveedores del Gobierno, no pudo comprobar la experiencia y especialidad de los proveedores, mucho menos presentó solicitudes de cotización.

Es importante señalar que los 32 procedimientos de adjudicación realizados se concentraron en 25 participantes, de los cuales 8 tienen relaciones comerciales entre sí, 6  tienen socios en común y con los mismos domicilios fiscales, lo que evidencia, expone la ASF, “que éstos participantes actuaron en una presunta confabulación para lograr al menos una de las adjudicaciones cada uno de ellos”. 

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Capacitadores fantasma y convocatorias ficticias

Las irregularidades fueron más allá de las contrataciones, por las cuales, la SEP pagó 5.9 millones de pesos en 22 capaciones a personal docente contratados para enseñar a niños indígenas, migrantes, con alguna discapacidad o con aptitudes sobresalientes, sin embargo, al comprobar el ejercicio del dinero, la Secretaría no presentó documentación sobre quiénes fueron los ponentes, o si estos tuvieron el perfil académico adecuado.

Se buscó comprobar los hechos con dos proveedores que recibieron 1.4 millones de pesos de dinero público, pero que no fueron localizados con el domicilio fiscal que registraron ante el Servicio de Administrción Tributaria (SAT). 

Lo que la Auditoría calificó como “Causa Raíz Probable de la Irregularidad”, por la discrecionalidad y opacidad de los recursos federales, fue el gasto de la SEP por 700 mil pesos de apoyos económicos a 27 asesores migrantes que tenían que brindar atención educativa a hijos de jornaleros migrantes agrícolas en fincas cafetaleras en los municipios de Teziutlán y Huauchinango.

Empero, no existió evidencia de tales cursos ni contratación de asesores, ya no que no hubo prueba alguna de la convocatoria, tampoco de canales de difusión, y menos de la evaluación de postulantes, como si nunca se hubiera aplicado el programa.

Esta omisión arroja incumplimientos a leyes federales y estatales como la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla; así como al Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública de Puebla. 

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En 2017, el entonces titular de la SEP federal, Aurelio Nuño Mayer, presentó el cuarto eje del Nuevo Modelo Educativo que consistía en la Estrategia de Equidad e inclusión del Modelo Educativo, y pretendía dar atención prioritaria a hablantes de lenguas indígenas, incluir a personas con discapacidad, poner énfasis en el desarrollo infantil temprano, otorgar becas a quienes más lo necesitan, disminuir las brechas de género, y abatir el rezago educativo.

Justamente el área educativa fue la que más observaciones ha recibido el gobierno de Puebla. El mismo año de evaluación que corresponde a la más reciente entrega de la ASF, se advirtió de una situación similar en el ejercicio del programa federal Expansión de la Educación Inicial, donde se señaló un probable desvío de casi 10 millones de pesos por contratos a empresas inexistentes, incumplimientos en la calidad de compras, omisiones de servidores públicos e inexistencia de bienes adquiridos.

Author Profile

Lucero Hernández
Comunicóloga y Periodista. Especialista en medios digitales y producción multimedia. Ha colaborado en medios de Guanajuato y Puebla como reportera, Jefa de Información y Coordinadora de plataformas digitales. Fundadora de Datamos.com.mx, periódico digital.
13 enero, 2020

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