Por estas irregularidades se canceló el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 en Ahuacatlán
Portada, Puebla

Por estas irregularidades se canceló el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 en Ahuacatlán

| Joskua Espejo |

Un presidente municipal que firmó como testigo y no como alcalde, logos y sellos falsificados, dependencias inexistentes, irregularidades en nombres y cargos, así como falta de claridad en dictámenes son algunas violaciones a la ley encontradas por la actual administración municipal de Ahuacatlán en los permisos expedidos el 18 y 24 de septiembre del 2009 por Andrés Francisco Juan Covarrubias, regidor de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos en la administración 2008-2011, así como en el Convenio de Colaboración celebrado el 1 de junio de 2015 entre la empresa DESELEC 1, S. de R.L. de C.V y la Junta Auxiliar San Mateo, de Ahuacatlán.

Andrés Francisco Juan Covarrubias, regidor de obras en el periodo 2009-2011 autorizó las licencias de construcción del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 (PHP1) en localidades de Ahuacatlán, por lo que de acuerdo con un documento al que Datamos tuvo acceso, con ocho votos a favor, uno en contra y una abstención, el actual Ayuntamiento encabezado por Juan Luis Pérez Pastrana determinó que fue ilegal el otorgamiento de licencias de construcción para el PHP1 y revocar “permisos otorgados por Andrés Francisco Juan Covarrubias, regidor de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos en la administración 2008-2011 del Ayuntamiento de Ahuacatlán expedidos el 18 y 24 de septiembre del 2009”. .

La “Comisión Especial Sobre Hidroeléctrica” conformada por cinco regidores de la actual administración también determinó que el Convenio de Colaboración que se celebró entre la empresa DESELEC 1, S. de R.L.  de C.V y la Junta Auxiliar San Mateo del municipio de Ahuacatlán fue irregular debido a que no cumplió con lo establecido por la ley.

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De acuerdo con la Comisión, se estudiaron oficios que contenían las licencias de afectación en los terrenos de construcción, así como declaraciones del entonces regidor Andrés Francisco Juan Covarrubias, cuando Miguel Cruz era alcalde del municipio.

El primero se trata de la licencia de construcción y autorización del suelo en donde se encontró que está fechado el 18 de septiembre del 2009, pero este no contiene número de oficio ni asunto del que se trata, mismo que está expedido a favor de la empresa Deselec 1 con el apoderado legal, Salomón Mahají Samra.

El segundo se trata de una declaración del mismo regidor en el que niega que el proyecto se contraponga al Plan Municipal de Desarrollo en materia de medio ambiente, sin embargo, la Comisión no logró ubicar dicho documento por lo que no hay certeza de que vaya en contra del Plan.

Entre los hallazgos de la investigación, se encontró un solo escrito del 1 de septiembre del 2009 con numero de referencia DES1/002/09 dirigido a Miguel Cruz quien era alcalde en dicha gestión, dicho documento estaba firmado por Mahají Samra, el cual manifestaba su intención de realizar “un proyecto mini-hidroeléctrico con capacidad de diseño de 50 mw denominado Deselec 1 sobre el rio Ajalpan”, sin embargo este escrito no tenía detalle de la comunidad en donde sería construido y el cabildo ni el edil lo autorizaron de manera oficial.

También se revisó otro documento de fecha 18 de septiembre del 2009 expedido a Mahají Samra por el regidor Andrés Francisco, el cual menciona: “se otorga licencia de construcción y autorización de uso de suelo para obra mencionada. Asimismo, se le otorga la licencia de movimiento de tierras para uso explosivo de la construcción de la presa derivador, embalse, túnel, tubería de conducción así como estructuras y caminos correspondientes a la obra mencionada (…) Por otro lado, se autoriza el paso ininterrumpido referida (sic). En el primer párrafo por la totalidad de las calles, avenidas y demás vialidades y de derecho le correspondan y sean responsabilidad de este municipio”.

La Comisión determinó que dicho documento es falso puesto que el logotipo del Ayuntamiento de ese entonces era fondo oscuro color verde y este es claro, además de que el contorno del glifo también es oscuro y el estudiado ni siquiera tiene fondo.

Entre las irregularidades detectadas, no se especifican las comunidades afectadas, superficie, medidas ni colindancias por lo que acusan, la redacción se realizó “sin sustento y de manera abusiva puesto que buscaban que la empresa tuviera la apertura de despacharse con manos llenas, sin límite alguno”.

El sello del regidor aparece “mocho” pues no tiene la leyenda de “regidor de obras y servicios públicos” o “regidor de obras públicas” ni periodo de administración, como se estilaba en esa gestión.

Se comparó con otros documentos expedidos en ese gobierno municipal y no aparece “H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AHUATLAN, ESTADO DE PUEBLA”, tampoco existe un dictamen técnico o un estudio de factibilidad del proyecto.

Además, la facultad de otorgar los permisos recae en el Cabildo y no en un solo regidor, puesto que el artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal establece que “las bases sobre las cuales se suscriban los convenios o actos que comprometan al municipio por un plazo mayor al del periodo del Ayuntamiento siempre y cuando los mismos sean acordados por las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento, en los casos que establezca el presente ordenamiento para obtener la aprobación a que se refiere la Constitución”.

Otro de los documentos estudiados fue una carta dirigida al director de Impacto y Riesgo Ambiental de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, la cual no menciona a la Secretaría que pertenece y está signada por el mismo regidor.

De las anomalías detectadas en fue que el logotipo y glifo del Ayuntamiento fueron diferentes en cada hoja; la referencia del oficio dice “subdependencia”, la cual no existe en el organigrama; no aparece el nombre ni firma del director de obras públicas; los sellos en cada una de las fojas son diferentes lo que significa que fueron alterados o falsos.

El “Convenio de Colaboración Celebrado entre la empresa denominada Deselec 1, S. de R.L. de C.V. y la comunidad denominada San Mateo, municipio de Ahuacatlan, Estado de Puebla”, tiene 10 páginas en 4 secciones: antecedentes, declaraciones, compromisos y firmas.

El proemio del documento menciona que José Sebastián Marcos es el edil, sin embargo, más adelante detalla que junto con otras cuatro personas es “inspector municipal”, cargos que nunca han existido en la comunidad.

El Convenio dice que el testigo de calidad es Miguel Sebastian Santos quien era el presidente municipal de Ahuacatlán, al mencionarlos así no debió utilizar el sello oficial puesto que la empresa engañó a las autoridades diciendo que el edil ya había dado su permiso al ser mencionado, pero no fue así.

Se explica que la comunidad conoce la ubicación y funcionamiento de componentes del proyecto “cruzara la comunidad de Xochicuautla” pero no se puede avalar algo que le compete a otra comunidad, aunque pertenezcan al mismo municipio, lo mismo se repitió con los Ayuntamientos de San Felipe Tapayatlán y Tlapacoya, autorizaron cuando no es de su competencia.

Los compromisos dicen que en la etapa de construcción por 4 años entregarían 50 mil pesos anuales, y durante 25 años, en operación serían 75 mil anuales, pero traducido en la realidad equivale a 4 mil 666 y 6 mil 250 pesos.  “Parece un contrato leonino y abusivo, la cantidad no sirve para nada a una comunidad”, consideró la comisión.

La conclusión de la Comisión fue que, de acuerdo con los documentos estudiados, la gestión de ese entonces no tenía conocimiento de la existencia de permisos o licencias de construcción, uso de suelo y de movimiento de tierras para dicha empresa.

Debido a las irregularidades, desde el 15 de abril del 2016, el juez primero de distrito en la materia concedió la suspensión solicitada en el expediente principal no. 598/2016-III de la sección de amparo, al tiempo de exigir al exedil de Ahuacatlán, Miguel Cruz la justificación de haber aprobado. A partir de esa fecha comenzaron los recursos legales entre los quejosos y empresas las empresas.

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“Consideramos que su territorio debería ser inviolable por empresas que tienen intereses extranjeros por su voraz ambición económica no tiene respeto por las comunidades originarias ya que pretenden explotar a través del interés económico las fuentes de riqueza natural que el propio estado mexicano tiene la obligación de cuidar (…) La Comisión Especial sobre la Hidroeléctrica considera que en este asunto sí se están violando los derechos humanos, así como los derechos fundamentales colectivos del pueblo de Tlacotepec”, finaliza el documento.

17 enero, 2020

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