No fue un ‘hombre vestido de mujer’, fue una mujer trans sistemáticamente violentada
Diversidad Sexual, Machismos, México

No fue un ‘hombre vestido de mujer’, fue una mujer trans sistemáticamente violentada

Este reportaje fue creado de forma colaborativa en el Mediatón #VocesEnAlza de Chicas Poderosas, donde 100 mujeres que trabajan en medios provenientes de 17 estados se reunieron en noviembre en Ciudad de México para contar historias sobre el acoso contra las mujeres y niñas. Este mediatón fue posible gracias al apoyo de Google News Initiative, la Embajada de Estados Unidos en México, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Centro Cultural de España en México. Para ver todos los proyectos creados en el Meditan #VocesEnAlza, visita bit.ly/vocesenalza

Por Roxana Romero, Yéssica Sumoza, Melissa Pinto, Luisa Flores, Lucero Hernández y Paola Odiardi. Mentora: Andalusia Knoll Soloff

La violencia que sufren las mujeres trans es producto de la combinación de factores que inicia desde el seno de la familia y se manifiesta en la exclusión, la discriminación, la estigmatización y culmina en el transfeminicidio. El 2019 se posiciona con una cifra preliminar como el año con más asesinatos de mujeres trans de los últimos siete años. 

Historias de mujeres trans recorren México, casos que han logrado rebasar la transfobia y ahora pueden mostrar su identificación ciudadana como mujeres sin ser señaladas; pero hay otras que todavía se enfrentan a la intolerancia y la violencia. En este reportaje se presentan las dificultades en cuatro estados: Querétaro, Coahuila, Puebla y Ciudad de México. 

El jueves 4 de octubre de 2016, a las 2 de la tarde, Kenya Cuevas y sus compañeras trabajadoras sexuales bloquearon una de las arterias principales de Ciudad de México, la avenida Insurgentes Norte con Puente de Alvarado, como protesta por la liberación del asesino de Paola Buenrostro. Este fue el primer grito de auxilio que marcó la visibilización del transfeminicidio, la impunidad y las violaciones sistemáticas a las mujeres por ser transgresoras de la identidad de género.

Paola Buenrostro fue asesinada a balazos la noche del 30 de septiembre de 2016 en la avenida Puente de Alvarado, en Ciudad de México. Ella, junto con sus cuatro compañeras, se encontraban trabajando y un coche se acercó. Fue la única que aceptó subir. 


El vehículo había avanzado menos de cinco metros y los gritos de auxilio de Paola alteraron a Kenya, quien corrió al carro para ver qué sucedía. Cuando se asomó por la ventana, vio a su amiga desvanecer en los brazos del hombre que la invitó a subir. Luego vio cómo le disparó tres veces para después quitarse de encima a Paola y apuntar hacia Kenya, pero el cuarto disparo no salió, el arma se encasquilló.

Yo no fui”, decía el hombre con el arma en la mano. Kenya y otros testigos documentaron la situación con teléfonos celulares; no obstante, el hombre fue liberado 48 horas después. 

El asesinato de Paola Buenrostro ha sido el primer caso reconocido por la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México (PGJ-CDMX) como un transfeminicidio, gracias a las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos (CDH). A pesar de esto, a la fecha, Kenya, a quien se le reconoció como víctima indirecta en el caso, no ha recibido ni un comunicado por parte de la Procuraduría.

El caso de Paola es solo uno de las decenas de asesinatos de mujeres trans que suceden al año en todo el país. De enero a agosto de 2019 la organización civil que documenta los casos, Letra Ese, calcula que hubo por lo menos 40 víctimas de transfeminicidio. Y tan solo en Ciudad de México, han contado 10 víctimas trans, el mismo número que el del periodo 2013 a 2018. 

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De acuerdo con el último informe Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la insuficiente capacitación de agentes de policía, fiscales y autoridades forenses puede producir registros imprecisos.

El informe detalla que las mujeres trans con frecuencia son identificadas en los registros públicos como “hombres vestidos con ropa de mujer”, lenguaje que también es replicado por los medios de comunicación, reproduciendo violencias y el discurso de estigmatización.

Al recopilar las notas en las que aparece el término transfeminicidio del mapa elaborado por María Salguero, se encontró que, desde 2016, cuando comenzó con el relevamiento, 66 por ciento se refieren a las mujeres trans como “hombres vestidos de mujer”; sin embargo, para el 2017 y 2018 este porcentaje bajó a 36 por ciento.

Noé Ruiz Malacara, representante de la organización Comunidad San Aelredo A.C. en Coahuila, menciona que hasta 2016 y principios de 2017, las notas tenían un tinte amarillista. Argumenta que esto sucedía porque nadie se había acercado con los medios para decirles que se trata mujeres trans y no de “hombre vestido de mujer”. Incluso menciona que en una ocasión tuvieron que interponer una queja ante la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación del estado porque un medio de comunicación utilizaba connotaciones denigrantes para referirse a la población LGBTTTIQ.

El tema de las cifras ha sido una de las principales dificultades para visibilizar la problemática del transfeminicidio; al no existir datos oficiales, han sido las mismas organizaciones quienes se han encargado de crear sus propias bases de datos a partir de los asesinatos reportados en los medios. El Observatorio Nacional de Crímenes contra Personas LGBT, por ejemplo, que por ahora solo documenta los casos que son mencionados en los medios, lleva un registro de ocho víctimas trans en Coahuila en el periodo de 2015 a 2019. 

La asociación civil Vida plena, no dejarse es incluirse, contabiliza los “crímenes de odio” en Puebla desde 1996. En 23 años de revisión, señala el representante Onán Vázquez Chávez, han documentado 65 presuntos crímenes: la mitad son mujeres trans y el resto de hombres homosexuales. Además, hay 45 averiguaciones previas por estos delitos que no han sido esclarecidos.

En el caso de Querétaro, aunque se ha trabajado en la defensa de los derechos de la población trans desde diversas organizaciones, fue hasta septiembre de este año cuando surgió la primera colectiva Queretrans. Ilsa Aguilar, integrante de dicha organización, comenta que en la entidad no existen datos oficiales de mujeres trans asesinadas, pero refiere que sí ha habido algunos casos.

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La situación de Querétaro se replica en todo el país: hoy no existe un registro oficial que permita dimensionar a las víctimas trans. Por lo tanto, Rocío Suárez, directora de Centro de Apoyo de las Identidades de Trans, considera que a pesar de los esfuerzos documentales el subregistro puede ser muy grande.

Las mujeres trans están oficialmente invisibilizadas.


El doloroso camino a la identidad

Los asesinatos son la culminación de una serie de violencias. La activista e integrante de la colectiva Queretrans, Ilsa Aguilar, explica que no podemos entender el transfeminicidio si no entendemos cómo se estructura la violencia que atraviesa toda la trayectoria de vida de las mujeres trans. 

Para evitar ser víctimas de estas violencias, han adoptado ciertas estrategias de autocuidado. Ilsa Aguilar menciona que las mujeres trans buscan no incomodar, no caer en la provocación, lo cual, en muchas ocasiones las lleva a borrar sus historias: el transborrado.

“Nos da vergüenza, nos es tan complicado el decir que hicimos una transición o incluso nombrarnos como mujeres trans que decimos que somos mujeres heterosexuales y buscamos que no se nos note. Es un discurso que ya está bastante instalado, que te dice: tienes que hacer ciertos cambios que te ayudarán a resolver tu vida, como si se tratara de una situación individual, y lo que tenemos que hacer ver es que esto no es solo una situación de carácter individual, es una situación social que requiere de espacios, de visibilizar estas realidades: las violencias”, comparte. 

Sostiene que la lucha por la visibilización de las violencias que sufre la población trans no es nuevo o algo que esté de moda. “No es que antes no hubiese personas trans, sino que hay un borrado de muchos años que nos hacen ver como si ahora el tema fuera nuevo o moda y como si acabáramos de aparecer”. 

Brahim Zamora, coordinador del área de Desarrollo Institucional del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) en Puebla, considera que las muertes de las mujeres trans están marcadas por la falta de acceso a intervenciones quirúrgicas. La mayoría de las mujeres buscan ser lo más parecido al estereotipo femenino para no ser discriminadas aún más.

Muchas de ellas usan aceite de motor de avión para ensanchar las caderas, que en consecuencia ocasiona infecciones y pone en riesgo su vida. Ilsa lo confirma y menciona que la ausencia de médicos las orilla a recurrir a la clandestinidad para iniciar tratamientos hormonales o inyectarse aceite. 

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La violencia comienza en el hogar

Kenya recuerda el momento de mayor discriminación en su vida. Sucedió en el seno de su familia, cuando tenía entre 6 y 8 años. “Yo ya presentaba caminados y movimientos, quería jugar con muñecas, lo que más me marcó fue que mis propios hermanos me discriminaban, me exhibían y me golpeaban”, detalla.  

Además, vivió exclusión y transfobia en su escuela siendo una niña. “Ese día yo tenía las pestañas enchinadas y me había delineado las cejas con una navaja. Llegué así a la escuela. La prefecta se me quedó viendo y me dijo que así no podía entrar. Y no me dejó entrar, me suspendió 15 días. En ese momento me sentí como un insecto, desde entonces me sacaron y no volví a la escuela”, rememora.

Kenya, como muchas personas trans en México, decidió marcharse de su hogar a los 9 años para vivir el libre desarrollo de su personalidad. De acuerdo con la investigación realizada por la Embajada de los Estados Unidos “La situación de acceso a derechos de las personas trans en México: Problemáticas y propuestas”, las personas trans que abandonan el ambiente familiar logran menos niveles educativos y, por lo tanto, menores oportunidades laborales que quienes permanecen con sus familias. 

La investigación enfatiza que quienes son rechazadas a edades tempranas, sin oportunidades de educación y salud, se ven expuestas a la violencia del crimen organizado, la trata de personas, el abuso policial y, en ocasiones, se vuelven habitantes de las calles.

En el caso del Grupo Transgénero, que encabeza Gabriela Chumacero en Puebla, los casos que se han presentado son familias de bajos recursos, algunas sin posibilidad de hablar español o con la estigmatización de ser señalados por tener un familiar trans. Esto impide el curso de una investigación por parte de la autoridad. 

Chumacero advierte que al ser expulsadas de su hogar se ven obligadas a dedicarse al trabajo sexual y, según el estudio de la CIDH “Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América”, la edad promedio de las mujeres trans inician este trabajo es 22 años, lo cual exacerba su vulnerabilidad a la violencia.

Además de su lucha por el reconocimiento a las identidades trans, Gabriela busca apoyo del sector público para reforzar la prevención en salud y una educación digna para la comunidad LGBTTTIQ, que incluya estudios y una mejor calidad de vida, lejos de los señalamientos, la discriminación, la violencia y la muerte.

La falta de apoyo familiar también obliga a las mujeres trans a migrar. Brahim Zamora Salazar, coordinador del área de Desarrollo Institucional del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) en Puebla, considera que las mejores condiciones tampoco son esperanzadoras: la proyección de vida apenas llega a los 37 años de edad.

“Se vuelven una población migrante en el país; su desplazamiento debería tener carácter de refugiada porque vienen huyendo de la violencia y no están protegidas por el marco jurídico. Están invisibilizadas”, alerta.

A inicios de diciembre, la organización San Aelredo A.C., en Coahuila, anunció la creación de la Red Nacional de Apoyo a Migrantes y Refugiados de la comunidad LGBTTTIQ, con miras a crear políticas públicas para el tránsito y la estancia digna de los mismos en el país, según documentaron algunos medios de la entidad. 

El activista Noé Ruiz Malacara informó que la Red está integrada por organizaciones en defensa de los derechos de la población LGBTTTIQ en 20 estados de la República, pero los trabajos apenas comienzan. 

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La violencia del Estado

La exigencia y empuje de las diferentes colectivas que hay a nivel nacional para lograr el reconocimiento legal de la identidad de género ha sido reiterada, pero solo efectiva en algunos estados; en otros, las iniciativas terminan olvidadas por cada administración legislativa que pasa. 

La Ciudad de México logró el reconocimiento en noviembre de 2014 y solo Michoacán, Nayarit y Coahuila se han sumado a la aprobación de una legislación en la materia.   

Coahuila, por ejemplo, logró tener una Ley de Identidad de Género gracias a la propuesta presentada por la Comunidad San Aelredo A.C. en 2017 y aprobada en 2018. Noé Ruiz Malacara, representante de la organización, comenta que notaron la necesidad de que las mujeres trans trabajadoras sexuales obtuvieran su identidad jurídica para acceder a programas de gobierno, educación, trabajo y servicios de salud. 

Ahora que la ley ya está vigente, Ruiz comenta que “muchas de ellas ya lograron hacer su cambio de identidad, algunas dejaron el trabajo sexual, otras continuaron con este. Pero algunas regresaron a estudiar y muchas de ellas están trabajando también en la industria”.

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El caso de Puebla es distinto, pues desde hace 10 años la activista trans Gabriela Chumacero, junto con sus compañeras de Grupo Transgénero, luchan para que esta legislación sea aprobada. La propuesta plantea una reforma al Código Civil para permitir el cambio de identidad.

En Querétaro, la situación también es complicada, aunque las organizaciones presentaron la iniciativa para el cambio de identidad desde hace un año, Walter López González, vocero del Frente Queretano por el Derecho a la No discriminación y al Estado Laico, explica que no ha sido aprobada porque “va contra la ideología” del partido en turno, como también sucede en Puebla, según afirma Brahim Zamora, de Odesyr, quien añade que “la toma de decisiones se piensa en términos del costo electoral”. 

El paso al reconocimiento de su identidad tiene dos aspectos fundamentales, concuerdan las especialistas; por un lado, les permite el acceso a los servicios públicos y a los protocolos de atención en diversas áreas (salud, justicia, ciudadanía) y, por otro, les permite el libre desarrollo de su personalidad.

Solo se ha avanzado en estos derechos de manera parcial. “El tema de identidad de género se ha pensado que es un derecho que abre todos los demás y esto puede funcionar para las nuevas generaciones; pero aquellas que están jóvenes o en etapa adulta no tendrán acceso directamente a esto. El acta por sí misma no resarce ese derecho”, aclara la directora del Centro de Apoyo de las Identidades de Trans.

¿Feminicidio o crimen de odio?

El Código Penal de Coahuila establece como homicidio calificado el asesinato de una persona por sus preferencias sexuales y una sanción de 25 a 45 años de prisión y multa; si el homicidio cometido es respecto a dos o más personas, el máximo de la pena puede ser de 5 años y se registra como “crimen de odio”. 

Desde el año 2012, el odio por razón de género en Puebla es una agravante de delito, ahí entran los transfeminicidios, el problema es que los jueces el Ministerio Público lo desconocen y nunca se ha utilizado para calificar un delito. También existe una falta de protocolos de actuación y tratamiento a familiares de víctimas, explica Brahim Zamora. 

Por este motivo, con la reforma al Código Penal, los colectivos y asociaciones civiles buscan incluir el transfeminicidio dentro del concepto feminicidio. “Generalmente investigan como un crimen pasional; y se asume que el crimen se comete dentro de la comunidad LGBTTTIQ”, afirma Jaír Martínez, responsable del área de investigación en Letra Ese. Los crímenes de odio que han documentado hacia las mujeres trans representan el 52 por ciento de la comunidad LGBTTTIQ. Y apenas existen cinco sentencias por crímenes de odio de los 473 casos. 

Martínez considera que es más conveniente iniciar las carpetas de investigación por el delito de feminicidio que por homicidio con el agravante de crimen de odio. A esto se suma que tan solo 13 estados han tipificado este agravante dentro de sus códigos.

En el Código Penal de Querétaro está señalado el homicidio doloso con ensañamiento crueldad o por motivos depravados o de odio manifiesto por la preferencia sexual o identidad de género de la víctima, y es castigado con prisión de quince a cincuenta años.

Las organizaciones, además, resaltan la importancia de que se visibilice este fenómeno. Ilsa Aguilar considera que es una manera de saber cómo las instituciones del Estado piensan a esta población y qué lugar le da, pues lo trans es sumamente transversal y es necesario analizar cómo definir a una persona trans. 

“Podemos hablarlo desde el tema de las violencias y lo que nos dice el concepto de transfemicidio, pero como atraviesa prácticamente todos los escenarios de nuestra vida, o escenarios de la sociedad, también es una problemática que nos lleva a cómo conceptualizar el transfeminicidio, a partir de qué; no solo en el tema de la violencia como tal que deriva en asesinato sino en cómo nos desarrollamos en la sociedad, cómo nos encasillan y cómo nos ven como sujetas de derechos”, enfatiza. 

Añade que es necesario ver no solo las violencias estructurales hacia las mujeres trans, sino también hacia los hombres trans, pues los asesinatos se dan por una cuestión de feminidad. 

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Me surge la pregunta: ¿por qué nos asesinan siendo trans? Queda muy claro, porque desobedecemos. En el caso de los hombres trans, es como si fuese un castigo por ser ‘falsos hombres’, porque se les vuelve a encasillar en: son mujeres queriendo ser hombre, lo que también se dice con las mujeres trans: son hombres vestidos de mujer. Hay un tema de la feminidad, entonces yo creo que sí, el término como tal, como transfeminicidio sí da para poder hablar de esas realidades que viven los hombres y mujeres trans”, argumenta.

Ilsa reflexiona que un cuerpo no puede ser reducido a una única experiencia trans; aunque sí es necesario pensarlo dentro de la categoría de transfeminicidio, el tema de la vulnerabilidad de esta población no debe terminar allí. Hay muchas cosas que es necesario seguir planteándonos, sobre todo cuando se habla de un problema estructural que engloba lo emocional, lo económico, cómo viven y ejercen su sexualidad, porque parece ser que cuando las asesinan exponen su sexualidad, de tal manera que cae en el prejuicio. 

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20 enero, 2020

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