Seguridad piden en San Lázaro PRD, Manzanilla y el PRI a Barbosa Huerta
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Seguridad piden en San Lázaro PRD, Manzanilla y el PRI a Barbosa Huerta

Legisladores del PRD, PRI y Fernando Manzanilla presentaron iniciativas para que desde la Cámara de Diputados se llame a Barbosa Huerta a garantizar seguridad de los poblanos.

| Israel Velázquez |

Legisladores del PRI, PRD y Fernando Manzanilla Prieto, del PES, presentaron por separado puntos de acuerdo para que la Cámara de Diputados federal exhorte al gobierno de Puebla encabezado por Miguel Barbosa Huerta a difundir y reforzar las medidas y estrategias que implementa para fortalecer la seguridad y reducir la creciente violencia.

Los priistas pusieron a consideración de la Cámara de Diputados un punto de acuerdo para exhortar al gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta y a la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla a difundir las estrategias que implementa.

Afirman que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana que realiza cada mes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, nueve de cada 10 habitantes consideran que vivir en el estado es inseguro. En diciembre de 2019 Puebla se ubicó como el primer lugar nacional con el mayor índice de percepción de inseguridad, al registrar 92.7 por ciento al cierre de diciembre, y en febrero de 2020 se ha colocado en primer lugar nacional en inseguridad.

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“Ante la falta de una estrategia que combata la inseguridad y los altos índices de violencia, el lunes 24 de febrero fueron asesinados en Huejotzingo, Puebla, cuatro personas, dos de las víctimas eran estudiantes de medicina de origen colombiano, Ximena Quijano Hernández, de 25 años de edad, y José Antonio Parada Cerpa, de 22 años”, agrega la propuesta.

“Quienes estaban en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla como parte de un programa de intercambio. El tercer estudiante, Francisco Javier Tirado, de 22 años, era originario de Veracruz y cursaba medicina en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El cuarto fallecido es Josué Emanuel N., de 28 años, originario de Puebla y conductor de un vehículo que prestaba servicio de transporte Uber”, continua el documento.

Debido a este suceso que estremeció a la entidad, el 26 de febrero “la ciudad de Puebla se paralizó producto del hartazgo que se vive por la violencia y la inseguridad en todo el estado, la comunidad estudiantil Benemérita Universidad Autónoma de Puebla entró en un paro indefinido en todas sus facultades y preparatorias en contra de la inseguridad y la búsqueda de justicia.”

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La inseguridad, afirman diputados del PRD, “va de la mano con la corrupción“. Uno de los requisitos para funcionar como transporte privado de Uber es tener asegurado el vehículo, no obstante, en el boletín 89 de la Fiscalía de Puebla, se menciona que el Uber que abordaron los estudiantes no estaba asegurado y de manera posterior en el boletín 90 se retractan.

“Esto significa que la información oficial carece de veracidad, y si existen contradicciones en la información que el estado proporciona se traduce en pérdida de credibilidad”.

El punto de acuerdo propone que la Cámara de Diputados exhorte al gobierno del estado de Puebla, así como a la Secretaría de Seguridad Pública a que haga de conocimiento público las medidas y estrategias que se están implementando para reducir los índices de violencia que se han incrementado.

También que se exhorte a la fiscalía a realizar una investigación exhaustiva, imparcial y sin contratiempos, pero no sólo para este caso que es muy lamentable, sino para todas las denuncias que se han presentado y no existe certeza ni legalidad en las investigaciones.

El documento lo firman José Guadalupe Aguilera Rojas, Abril Alcalá Padilla, María Guadalupe Almaguer Pardo, Mónica Almeida López, Mónica Bautista Rodríguez, Frida Alejandra Esparza Márquez, Raymundo García Gutiérrez, Verónica Beatriz Juárez Piña, Antonio Ortega Martínez, Claudia Reyes Montiel y Norma Azucena Rodríguez Zamora.

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Manzanilla propone estrategias conjuntas

Fernando Manzanilla Prieto, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), presentó puntos de acuerdo para exhortar al gobierno de Puebla a diseñar e implantar con la sociedad civil políticas públicas tendentes a garantizar la seguridad de la población, en particular entre los grupos en mayor vulnerabilidad.

El extitular de la Secretaría de Gobernación con el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta hace referencia al asesinato de estudiantes en Huejotzingo y afirma que no es un caso aislado en la violencia generalizada que vive el estado y que “ha ido escalando considerablemente año con año (…) abarca feminicidios, robos, y secuestros”.

Refiere que en lo que va del año 2020 los municipios de Puebla que registraron un mayor número de carpetas de investigación por homicidio doloso fueron Puebla, San Martín Texmelucan, Tecamachalco, Tehuacán, Amozoc, Acatzingo, Huauchinango, San Salvador Huixcolotla, Atlixco, Izúcar de Matamoros y Zacatlán, Acateno, Ajalpan, Cuautlancingo, Chietla, Chignahuapan, Eloxochitlán, Francisco Z. Mena, Guadalupe Victoria, Huaquechula, Juan C. Bonilla, Cañada Morelos. Nopalucan, Ocoyucan, Los Reyes de Juárez, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, San Salvador el Seco.

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Agrega que “también se debe tomar en cuenta que según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana la ciudad de Puebla registró los mayores índices de percepción de inseguridad en todo el país, con el 92.7 por ciento de su población (…) y la preocupación aumenta al comparar los porcentajes obtenidos en la misma encuesta durante septiembre de 2019, cuando fue de 83.1 por ciento, es decir que la percepción social sobre la inseguridad en Puebla en 4 meses tuvo un aumento de 9.6 por ciento”.

Manzanilla propone involucrar al gobierno federal, al Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, universidades, empresarios, municipios, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, y congregaciones religiosas, para que apoyen a contar con policías municipales y estatales con altos índices de confianza, que exista un marco regulatorio para la seguridad pública y la impartición de justicia.

Entre las propuestas, incluye que se implementen mejores mecanismos de impartición de justicia y haya autoridades cercanas para atender a víctimas, que concurran comités de participación ciudadana, se impulse la vigilancia y acciones desde las empresas, que se difunda información que existan espacios en medios que puedan apoyar a prevenir el delito, que se promueva una cultura de respeto y legalidad.

El punto de acuerdo propuesto por Manzanilla plantea que la Cámara de Diputados reconozca la actuación pronta y eficaz de la Fiscalía General del Estado de Puebla y del gobierno del estado en la detención de los probables responsables del crimen ocurrido en Puebla el 24 de febrero y exhortar al gobierno del estado de Puebla a diseñar e implementar políticas públicas, en coordinación con la sociedad civil organizada, tendentes a garantizar la seguridad de la población, en particular entre los grupos poblacionales en mayor estado de vulnerabilidad.

Elegir representantes y responsables para la construcción de un plan conjunto e integral que permita la paulatina recuperación de la paz y el bienestar de las familias poblanas, pide al titular del Ejecutivo, al Congreso del estado, al Poder Judicial, a las universidades públicas y privadas, a los miembros de la sociedad civil, empresarios, ayuntamientos, sindicatos, medios de comunicación y congregaciones religiosas en Puebla.

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El PRI pide objetividad en las investigaciones

Los integrantes de la bancada del Partido Revolucionario Institucional en San Lázaro propusieron exhortar a la Fiscalía General de Justicia y el gobierno de Puebla a garantizar objetividad y transparencia en las investigaciones de los homicidios ocurridos en Huejotzingo.

Afirman que según el Semáforo Delictivo Nacional Puebla está por arriba del promedio nacional en los indicadores de percepción de inseguridad: al cierre de 2019, el 87.7 por ciento de la población consideraba que su estado era de los más afectados por homicidios, secuestros, extorsiones, narco-menudeo, robos, violación y feminicidio.

Los legisladores priistas hacen referencia al documento “Carpetas de Investigación Iniciadas vs Concluidas” del observatorio ciudadano IGAVIM que muestra que los delitos con más sentencias respecto de las denuncias presentadas, fueron los secuestros y feminicidios, pero el porcentaje de avance en las sentencias no supera el 20 por ciento en ninguno de los dos.

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Respecto a los feminicidios, sólo se declararon seis sentencias en 2019; se iniciaron 58 carpetas de investigación, y 52 casos quedaron impunes. Los secuestros tuvieron avance de 20 por ciento: de 70 denuncias presentadas sólo 14 contaron con sentencia directa. En enero de 2020 Puebla registró 116 homicidios y pasó al segundo lugar nacional en materia de feminicidios, sólo después de Nuevo León.

Lo ocurrido en Huejotzingo refleja la insuficiencia estructural y la falta de soluciones prácticas en inseguridad, por lo que el grupo parlamentario del PRI solicita que la Cámara de Diputados exhorte a la fiscalía y al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta esclarecer y presentar los resultados de las investigaciones de los homicidios suscitados en Huejotzingo el 23 de febrero de 2020.

Además, exhorta al gobierno del estado a fortalecer su estrategia de seguridad con el fin de proteger el patrimonio, la integridad y la vida de los poblanos, ante el incremento de la incidencia delictiva en la entidad.

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Israel Velázquez
Periodista. Ha colaborado en los periódicos El Financiero, Milenio, Correo de Guanajuato, El Popular de Puebla y AZ de Xalapa. Es consciente de que la opinión es un punto equidistante entre certeza y duda. Fundador de Datamos.com.mx, periódico digital.
6 marzo, 2020

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