Opinión

Nuevas fronteras

Senda jurídica

| Norma Estela Pimentel Méndez |

Hace pocos días, en el posicionamiento oficial por los efectos de la pandemia mundial causada por el virus COVID19, emitido por el Presidente del Instituto de Recursos Mundiales, Andrew Steer, mencionó la siguiente frase a razón de la reconstrucción de las economías y sociedades:

“Las crisis pueden unir o separar a las personas. Pueden llevar al cinismo y a la pérdida de fe en las instituciones, o a una comprensión más profunda del riesgo y a la determinación de reconstruir mejor. Por ejemplo, en los próximos meses seguramente se gastarán cientos de miles de millones de dólares para reflotar las economías en declive. Estas inversiones simplemente restaurarán las economías altas en carbono y desiguales que ya existen hoy en día, o podrían ayudar a impulsar el desarrollo con bajas emisiones de carbono y a protegerse contra las amenazas que ya existen.”

Esta crisis en salud pública y economía global, es la oportunidad de redireccionar nuestros esfuerzos para recomponer los pilares de nuestra sociedad, concientizarnos en entornos empáticos y corresponsable. 

Los liderazgos internacionales van dando muestra de las acciones que emprenderán para la atención de ambas oportunidades, políticas públicas en materia del derecho humano a la salud, también de políticas públicas para el rescate de la inversión, el empleo, el endeudamiento privado, la sustentabilidad de empresas en especial de las micro y pequeñas, así como del sector restaurantero y turístico.

En nuestro país, la banca privada se ha anticipado con acciones como las anunciadas por Banorte, HSBC y la propia Asociación de Bancos de México, para otorgar un apoyo a los clientes de diversos créditos, como los hipotecarios, automotrices, personales, de tarjetas de crédito de personas físicas, igual de créditos comerciales de personas morales o de personas físicas con actividad empresarial, que en lo general incluyen el diferimiento parcial o total de los pagos de capital y de intereses hasta por 4 meses, con opción a una extensión de 2 meses adicionales, que en términos generales permitirían un respiro a las obligaciones derivadas de los diversos contratos bancarios celebrados; sin embargo, es fundamental la intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quien es la autoridad encargada de supervisar y regular a las entidades integrantes del sistema financiero mexicano, siendo unas de estas los propios bancos. Su participación es necesaria para otorgar certeza jurídica a las modificaciones contractuales que deberán de implementarse, así como a las propias adecuaciones contables que corresponderían a la cartera crediticia. 

Es tiempo de que sumemos esfuerzos en conjunto desde todos los sectores, más allá de los discursos que aún refieren la polarización que divide a nuestro país, como si en efecto, sólo existieran dos vertientes sociales para afrontar esta crisis.

Relevante para la toma de decisiones en el terreno jurídico, es el seguimiento a las determinaciones que emanen del Consejo de Salubridad, pues estas no sólo tendrán un impacto en la parte sustantiva, sino la posibilidad de afrontar con las debidas responsabilidades las acciones en materia laboral, civil y mercantil. Como bien comentaba en la pasada sesión titulada “COVID-19 a la luz de la Constitución” de la comisión de derecho de la salud, de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C., el Ministro en retiro José Ramón Cossio, esta crisis es una oportunidad para crear nuevas fronteras en todas las ramas del derecho.

Considero que esta es la oportunidad para demostrar que podemos unirnos, que las personas que ejercen liderazgos tendrán la capacidad de ejecutar las acciones a la recuperación de la confianza en nuestras Instituciones. Es tiempo de unión y paz. Somos más quienes deseamos ver fuerte y segura a nuestra gente, que quienes apuestan a lo contrario. 

*Doctora en derecho, especializada en rendición de cuentas, derechos humanos, transparencia, combate a corrupción y género.

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Norma Pimentel
Norma Pimentel
Doctora en derecho, especializada en rendición de cuentas, derechos humanos, transparencia, combate a corrupción y género. Es autora del libro electrónico “Marco jurídico de las comunicaciones”.
26 marzo, 2020

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